El juez federal Martín Cormick rechazó el pedido del Estado para levantar la medida cautelar. Consideró que todavía no está acreditado que los acuerdos salariales y presupuestarios alcanzados en junio hayan revertido el deterioro de los ingresos y la pérdida del poder adquisitivo denunciados por las universidades. El Gobierno tendrá tres días para presentar documentación sobre el grado de cumplimiento de los compromisos asumidos.
El juez federal Martín Cormick rechazó el pedido del Estado para levantar la medida cautelar. Consideró que todavía no está acreditado que los acuerdos salariales y presupuestarios alcanzados en junio hayan revertido el deterioro de los ingresos y la pérdida del poder adquisitivo denunciados por las universidades. El Gobierno tendrá tres días para presentar documentación sobre el grado de cumplimiento de los compromisos asumidos.
El juez federal Martín Cormick rechazó el pedido del Estado Nacional para levantar la medida cautelar vinculada al financiamiento de las universidades nacionales. Consideró que todavía no está acreditado que los acuerdos salariales y presupuestarios alcanzados en junio hayan solucionado el deterioro de los ingresos y la pérdida del poder adquisitivo denunciados por el sector universitario.
La Justicia Federal decidió mantener vigente la medida cautelar que protege a las universidades nacionales en el marco de la causa iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras organizaciones contra el Estado Nacional.
La resolución fue dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, a cargo del juez Martín Cormick, quien rechazó el planteo del Gobierno nacional para dejar sin efecto la medida.
El Estado había argumentado que la situación había cambiado a partir de los acuerdos alcanzados durante junio de 2026 con el Consejo Interuniversitario Nacional y con las organizaciones gremiales docentes y no docentes. Según la posición oficial, esos compromisos permitían considerar cumplidos los aspectos que habían dado origen a la cautelar.
Sin embargo, el magistrado consideró que todavía no existen elementos suficientes para concluir que las medidas adoptadas hayan solucionado las situaciones que justificaron la protección judicial.
Entre los compromisos alcanzados durante junio se encuentra una actualización salarial acumulada del 24,33% para el sector universitario.
Ese porcentaje surge de una recomposición del 21,33% aplicada desde junio de 2026 sobre los salarios básicos correspondientes a mayo, a la que se suma un 3% adicional previsto para octubre sobre los básicos de septiembre.
Los acuerdos también contemplaron modificaciones en otros componentes vinculados al funcionamiento del sistema universitario.
Entre ellos se estableció un incremento del 20% en los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales desde junio.
A esto se agregaron $50.000 millones destinados durante 2026 a hospitales universitarios y un aumento del 50% en las Becas Manuel Belgrano desde junio.
El Gobierno sostuvo que estas medidas representaban una respuesta suficiente a las demandas planteadas y justificaban el levantamiento de la medida cautelar.
La Justicia, sin embargo, adoptó otra posición.
Para el magistrado, no alcanza con acreditar la existencia de acuerdos. Es necesario determinar qué compromisos fueron efectivamente ejecutados y cuál es su impacto concreto sobre la situación que motivó la intervención judicial.
En particular, la resolución mantiene como cuestión relevante el deterioro de los ingresos y la pérdida del poder adquisitivo denunciados por las universidades y los trabajadores del sector.
Por ese motivo, el juez entiende que continúa existiendo el denominado “peligro en la demora”, uno de los presupuestos utilizados para justificar el mantenimiento de una medida cautelar.
La decisión tampoco implica que la Justicia haya resuelto definitivamente el conflicto a favor de las universidades.
El propio fallo aclara que el mantenimiento de la cautelar no significa un adelantamiento de la decisión sobre el fondo de la causa.
En otras palabras, el juez no está determinando todavía si el Estado incumplió definitivamente la normativa de financiamiento universitario. Lo que establece es que, mientras esa discusión continúa, persisten razones suficientes para mantener la protección cautelar.
Uno de los puntos centrales de la resolución es el requerimiento realizado al Estado Nacional.
El Gobierno tendrá tres días desde la notificación para presentar un informe documentado sobre el cumplimiento de los compromisos.
Deberá precisar qué medidas fueron adoptadas, cuáles de los acuerdos ya fueron ejecutados y cuál es el grado de cumplimiento efectivo de las obligaciones vinculadas con la cautelar.
De esta manera, la Justicia busca contar con información concreta para determinar si los acuerdos anunciados durante junio tuvieron una ejecución real y suficiente.
La resolución también ordena reanudar el trámite de la causa principal, con el objetivo de avanzar hacia una sentencia definitiva.
Esto significa que la decisión tiene dos efectos simultáneos.
Por un lado, la medida cautelar continúa vigente y el Gobierno deberá informar en el corto plazo qué compromisos cumplió.
Por otro, la causa principal vuelve a encaminarse hacia una definición judicial sobre la cuestión de fondo.
La resolución no pone fin al conflicto por el financiamiento universitario.
La cautelar continúa vigente y el Estado deberá demostrar documentalmente qué parte de los compromisos anunciados fue efectivamente implementada.
Al mismo tiempo, la causa seguirá su trámite hacia una sentencia definitiva.
El punto central que queda planteado es si las medidas adoptadas durante junio resultaron suficientes para revertir el deterioro económico y salarial que había fundamentado la intervención cautelar de la Justicia.
Por ahora, la respuesta del juez es que no está suficientemente acreditado que esa situación haya sido superada.
La reunión paritaria con el Gobierno nacional terminó sin acuerdo y con una oferta del 3% para los salarios de julio y agosto, según informaron desde el sector universitario. La propuesta vuelve a tensionar la negociación, luego de que la Justicia Federal rechazara levantar la cautelar sobre el financiamiento universitario y exigiera al Estado informar el grado de cumplimiento de los compromisos asumidos.
2026-09-01 16:04:24
El juez federal Martín Cormick rechazó el pedido del Estado para levantar la medida cautelar. Consideró que todavía no está acreditado que los acuerdos salariales y presupuestarios alcanzados en junio hayan revertido el deterioro de los ingresos y la pérdida del poder adquisitivo denunciados por las universidades. El Gobierno tendrá tres días para presentar documentación sobre el grado de cumplimiento de los compromisos asumidos.
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