El sindicato de nodocentes de la UNViMe cuestionó el informe presentado por el Gobierno nacional ante la Justicia y sostuvo que la recomposición salarial aplicada no cumple con lo ordenado judicialmente. Denuncian una pérdida superior al 30% del poder adquisitivo, rechazan el 3% ofrecido en paritarias y se preparan para profundizar el plan de lucha universitario.
La pelea por los salarios y el financiamiento de las universidades nacionales volvió a subir de temperatura. El Sindicato de Trabajadores Nodocentes de la Universidad Nacional de Villa Mercedes (SITUNViMe) salió al cruce del informe presentado por el Gobierno nacional en el marco de la causa judicial por el financiamiento universitario y sostuvo que la medida cautelar continúa sin cumplirse de manera efectiva.
La organización gremial cuestionó particularmente la interpretación oficial sobre la recomposición de los salarios y las becas estudiantiles y afirmó que los incrementos aplicados no alcanzan para recuperar el poder adquisitivo perdido frente a la inflación.
La discusión no es menor: la causa CAF 39475/2025 llegó hasta la Corte Suprema luego de que la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmara la medida cautelar dictada en primera instancia. En junio de este año, la Corte desestimó el recurso extraordinario presentado por el Estado.
Según el documento difundido por SITUNViMe, el Gobierno sostiene que cumplió con el artículo 5 de la Ley 27.795 y que los salarios fueron actualizados acumulativamente en un 226,80% hasta junio de 2026, incluyendo un incremento del 21,33% dispuesto en junio.
Pero el gremio cuestiona esa interpretación.
Para los nodocentes, ese aumento no representa una recomposición integral del salario, sino un incremento que deja todavía una importante pérdida acumulada frente a la inflación.
El sindicato sostiene que, mientras la inflación deterioró fuertemente los ingresos durante los últimos años, la propuesta salarial actual del Gobierno vuelve a quedar muy por debajo de las necesidades de los trabajadores.
La última oferta oficial contempla un 3% para septiembre, que se suma al 3% ya acordado para octubre. La propuesta fue rechazada por las organizaciones sindicales.
Otro de los puntos que cuestiona SITUNViMe es la situación de la negociación colectiva.
El Gobierno convocó nuevamente a las organizaciones universitarias a una reunión paritaria para el 17 de septiembre, luego del fracaso de la última negociación.
El escenario vuelve a mostrar una fuerte distancia entre las partes: mientras el Ejecutivo sostiene que viene aplicando recomposiciones y actualizaciones, los gremios aseguran que los aumentos están lejos de compensar la pérdida salarial acumulada.
La diferencia de diagnóstico es contundente y se convirtió en uno de los principales motores del nuevo plan de lucha universitario.
El documento de SITUNViMe también cuestiona la situación de las Becas Manuel Belgrano.
En este punto existe un dato oficial: mediante la Resolución 544/2026, el Gobierno estableció que el monto mensual de la beca pasó a $187.495 desde junio de 2026.
Sin embargo, el sindicato sostiene que la actualización no resuelve de fondo el deterioro sufrido por los estudiantes y reclama una política de becas que acompañe el costo real de estudiar y permanecer dentro del sistema universitario.
La disputa no quedó encerrada en los escritorios de las paritarias.
El Frente Sindical de las Universidades Nacionales, del que forma parte FATUN, convocó a un paro nacional para el 8 de septiembre y definió nuevas acciones para septiembre, entre ellas una jornada nacional de clases públicas el 15 y un acto frente al Palacio Pizzurno el 17, coincidiendo con la convocatoria a paritarias docente y nodocente.
Además, los gremios comenzaron a preparar una quinta Marcha Federal Universitaria para la primera semana de octubre.
El conflicto universitario, lejos de apagarse, entra así en una nueva etapa.
Y detrás de los porcentajes, expedientes y resoluciones aparece la discusión de fondo: cuánto vale hoy el trabajo de quienes sostienen las universidades públicas y cuánto está dispuesto a invertir el Estado para garantizar que sigan funcionando.
Hay momentos en los que una discusión deja de ser solamente una discusión salarial.
El conflicto universitario llegó a ese punto.
De un lado está el Gobierno, que presenta números, resoluciones y actualizaciones y sostiene que está cumpliendo con las obligaciones establecidas. Del otro están los trabajadores, que miran el recibo de sueldo, el precio del supermercado, el alquiler, el transporte y las cuentas de todos los meses y dicen: “con esto no alcanza”.
Y hay una pregunta que debería atravesar toda esta discusión: ¿qué significa realmente cumplir?
Porque cumplir una norma no debería reducirse a encontrar una fórmula administrativa que permita mostrar un porcentaje. Cumplir también significa que ese resultado tenga un impacto real sobre la vida de quienes trabajan.
La Justicia ya intervino en esta discusión. La cautelar fue confirmada por la Cámara y el recurso extraordinario del Estado terminó siendo rechazado por la Corte.
Ahora el conflicto vuelve a las paritarias.
Y mientras funcionarios y dirigentes discuten porcentajes, hay docentes y nodocentes que siguen perdiendo poder adquisitivo y estudiantes que necesitan una beca para poder continuar una carrera.
La universidad pública no se sostiene solamente con edificios, computadoras o discursos.
Se sostiene con personas.
Con el docente que está frente al aula. Con el nodocente que abre una oficina, procesa un expediente, atiende a un estudiante o hace que una institución funcione todos los días.
Por eso esta discusión merece algo más que consignas de un lado y comunicados del otro.
Merece números claros. Cumplimiento efectivo. Paritarias reales. Y, sobre todo, una decisión política sobre qué universidad queremos para el futuro.
Porque cuando una universidad empieza a perder a sus trabajadores por salarios que no alcanzan, no solamente pierde el trabajador: pierde la sociedad entera.
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