Anabela Lucero permanece con prisión preventiva por 60 días, pero su abogado Esteban Bustos apeló la decisión y cuestionó desde la asociación ilícita hasta la forma en que se incorporaron pruebas. En paralelo, el PJ albertista denunció una persecución política y Claudio Poggi respondió hablando de un supuesto “vaciamiento del Estado”. La causa ya dejó de ser solamente judicial: se convirtió en una disputa por el poder, el pasado y el futuro del peronismo puntano.
La causa por el Molino Fénix ingresó en una etapa que puede resultar determinante tanto en los tribunales como en la política de San Luis.
La prisión preventiva de Anabela Lucero, exdiputada provincial y dirigente identificada con el sector de Alberto Rodríguez Saá, no cerró el capítulo. Por el contrario, abrió una nueva batalla: la defensa decidió avanzar con recursos para intentar revertir las decisiones adoptadas por la Justicia.
Lucero permanece detenida junto a Enzo Lucero y Exequiel Scarel, mientras que la situación del diputado provincial Joaquín Beltrán quedó atada a un eventual desafuero de la Cámara de Diputados. El juez de Garantía N.º 4, Santiago Ortiz, dispuso las prisiones preventivas por 60 días y consideró, entre otros aspectos, que todavía resta producir prueba contable e informática y tomar declaraciones que podrían permitir determinar la participación de otras personas.
Pero ahora la defensa salió a jugar fuerte.
El abogado de Lucero, Esteban Bustos, sostuvo en una entrevista con El Potenciómetro, por VMI Radio 88.1 FM, que la estrategia será cuestionar no solamente la prisión preventiva sino también distintos aspectos procesales de la investigación.
La frase que sintetizó la postura fue contundente:
“Se apeló todo”.
Según explicó el abogado, fueron presentados recursos de apelación y revisión contra distintas decisiones adoptadas durante el proceso.
La defensa sostiene que la prisión preventiva carece de fundamentos suficientes y rechaza especialmente la existencia de una asociación ilícita.
Este es probablemente uno de los puntos jurídicamente más sensibles.
La Fiscalía sostiene que entre 2020 y 2023 habría existido una estructura organizada, con división de funciones, que habría utilizado recursos del Estado en beneficio particular, de terceros y, según la acusación, también en actividades vinculadas a la campaña política.
La Justicia hizo lugar a la formulación por asociación ilícita respecto de Anabela Lucero y Joaquín Beltrán como jefes de organización, mientras que los demás imputados fueron considerados partícipes necesarios dentro de esa hipótesis.
La defensa, en cambio, afirma que esa estructura no existió.
Bustos fue categórico al señalar que “bajo ningún punto de vista existió una asociación ilícita” y cuestionó que no estén claramente determinadas la distribución de tareas, los roles y el momento en que supuestamente se habría conformado la organización.
Y aquí aparece una de las grandes preguntas que deberá resolver la Justicia:
¿Estamos frente a una serie de irregularidades administrativas individuales o ante una estructura organizada para cometer delitos?
La respuesta puede modificar completamente la dimensión penal de la causa.
El expediente tiene otro punto decisivo: qué pasó con el dinero y quién terminó beneficiándose.
La Fiscalía estima, provisoriamente, un perjuicio superior a $900 millones contra la Administración Pública. Esa cifra todavía está sujeta a las pericias que continúan en desarrollo.
Durante la audiencia se expuso que fueron analizados 116 cheques y solamente cuatro estaban confeccionados correctamente, según la acusación fiscal. También se investigan contrataciones directas con empresas de otras provincias y firmas que, de acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público, no tendrían relación con las actividades del Molino Fénix.
La Fiscalía sostiene además que habría existido una triangulación de fondos y que ahora intenta determinar quiénes fueron los destinatarios finales.
Por eso las pericias bancarias, contables y digitales pueden transformarse en la prueba más importante de todo el expediente.
Y la defensa lo sabe.
Bustos evitó anticipar conclusiones sobre el resultado de esas pericias y reclamó que se individualicen con precisión los movimientos económicos, los montos y las conductas concretamente atribuidas a su defendida.
Otro capítulo importante apareció alrededor del acceso a la información bancaria.
La defensa cuestionó la secuencia utilizada para obtener información de cuentas y sostuvo que la Fiscalía habría requerido determinados datos antes de contar con la autorización judicial posteriormente discutida en audiencia.
Es una acusación procesal que, si prosperara, podría abrir una discusión sobre la validez o utilización de determinadas evidencias.
Pero hay que ser precisos: se trata de un planteo de la defensa que deberá ser analizado dentro del expediente y confrontado con la posición del Ministerio Público Fiscal y las resoluciones judiciales.
Bustos también cuestionó la manera en que se desarrollaron algunas instancias procesales.
Según relató, en una audiencia recibió el enlace para conectarse apenas tres minutos antes de comenzar, mientras se encontraba participando de otro juicio en Córdoba.
También sostuvo que en otra oportunidad se le otorgaron solamente diez minutos para realizar su exposición, situación que consideró una afectación al ejercicio de la defensa.
La defensa también había planteado cuestiones relacionadas con la notificación, la exhibición de evidencia y supuestas afectaciones al derecho de defensa.
El juez rechazó algunos de esos planteos y consideró que la formulación de cargos constituye el mecanismo mediante el cual se informa al imputado de los hechos atribuidos para permitirle ejercer su defensa.
Ahora esos planteos deberán recorrer las vías recursivas correspondientes.
Y aquí aparece la dimensión que trasciende al expediente judicial.
Anabela Lucero no es una dirigente más dentro del peronismo puntano.
Su trayectoria estuvo fuertemente vinculada al espacio de Alberto Rodríguez Saá y su figura tuvo peso político en Villa Mercedes. La investigación, por lo tanto, impacta directamente sobre uno de los sectores que durante años tuvo un rol central en el poder provincial.
La reacción del Partido Justicialista de San Luis, presidido por Alberto Rodríguez Saá, fue inmediata.
El PJ cuestionó la prisión preventiva y denunció una supuesta persecución política y una presunta connivencia entre el gobernador Claudio Poggi, el Ministerio Público Fiscal y la Justicia provincial. El partido calificó la medida como un precedente institucional grave y cuestionó que se haya recurrido a la prisión preventiva cuando, según su postura, no existirían riesgos de fuga ni de entorpecimiento de la investigación.
Ahí se produce el choque político central.
El albertismo dice persecución.
El oficialismo habla de investigar el supuesto vaciamiento del Estado.
Y la Justicia queda en el centro de esa disputa.
El gobernador Claudio Poggi evitó cuestionar directamente la decisión del juez, pero respondió al comunicado del PJ.
Su interpretación política fue otra: vinculó la investigación con un supuesto “vaciamiento del Estado” durante la última etapa de la administración de Alberto Rodríguez Saá.
El resultado es una confrontación que excede a Anabela Lucero.
Porque detrás del expediente aparece una discusión mucho más grande:
¿La Justicia está investigando hechos concretos de corrupción o está siendo utilizada como herramienta de disciplinamiento político?
La respuesta no puede darla ni el PJ ni el Gobierno.
La tiene que dar la prueba.
Este es probablemente el impacto político más profundo.
El peronismo puntano atraviesa desde hace años una discusión interna sobre liderazgo, identidad y reconstrucción. El conflicto entre los sectores vinculados a los hermanos Rodríguez Saá y otras expresiones del justicialismo provincial dejó heridas que todavía están abiertas.
Ahora aparece una causa judicial que golpea directamente a dirigentes identificados con la última etapa del albertismo.
Y eso puede generar tres efectos.
Para los militantes más identificados con Alberto Rodríguez Saá, la prisión de Lucero puede ser interpretada como una ofensiva contra todo el espacio.
Ese sector puede utilizar la causa como bandera política y profundizar el discurso de persecución.
Pero existe otra posibilidad.
Dirigentes peronistas que buscan reconstruir el partido pueden considerar que defender automáticamente a todos los funcionarios investigados tiene un costo político demasiado alto.
La pregunta interna puede empezar a ser incómoda:
¿Se defiende al partido o se defiende a cada dirigente involucrado en una investigación?
No necesariamente son la misma cosa.
Si la causa continúa avanzando y aparecen nuevas imputaciones o pruebas, el impacto puede alcanzar a más dirigentes y sectores.
La propia Justicia dejó abierta la posibilidad de que la investigación determine la participación de otras personas.
Eso significa que el expediente todavía no está cerrado.
Y políticamente, tampoco.
Aquí conviene poner un límite al análisis político.
La Fiscalía tiene una hipótesis.
La defensa tiene otra.
El juez adoptó medidas cautelares.
Y ahora intervienen los recursos.
No existe todavía una sentencia definitiva.
La prisión preventiva tampoco determina culpabilidad.
Ese principio es fundamental para cualquier cobertura responsable: Lucero tiene derecho a defenderse y a que su culpabilidad sea determinada mediante un proceso judicial.
Pero exactamente por la misma razón, la gravedad de las acusaciones exige que la investigación avance hasta el final.
Si hubo un perjuicio millonario al Estado, la sociedad necesita saber cómo ocurrió, quiénes participaron y dónde terminó el dinero.
Y si las acusaciones no pueden ser demostradas, también deberá quedar claro.
La Justicia tiene que responder ambas preguntas.
Hay causas que ocupan una página policial.
Hay otras que atraviesan la política.
Y después están aquellas que ponen en discusión cómo funcionó el poder durante años.
El caso Molino Fénix está entrando en esa tercera categoría.
Porque acá no se discute solamente la situación judicial de Anabela Lucero.
Se discute el funcionamiento de una estructura estatal, el manejo de recursos públicos, la relación entre funcionarios y poder político y, ahora, la actuación de la propia Justicia.
Y eso explica por qué la causa genera tanta tensión.
El PJ dice persecución.
La defensa dice que no existió asociación ilícita.
El Gobierno habla de vaciamiento.
La Fiscalía sostiene que hubo una estructura organizada y un perjuicio que, provisoriamente, supera los $900 millones.
Y un juez decidió que tres imputados deben permanecer detenidos mientras continúa la investigación.
Ahora habla la Justicia. Pero, sobre todo, tienen que hablar las pruebas.
Porque si hubo corrupción, no puede haber impunidad.
Pero si no hubo delito, tampoco puede haber condena política disfrazada de proceso judicial.
Ese es el límite que una democracia seria no puede cruzar.
El desafío de la Justicia de San Luis es enorme: demostrar que no persigue a nadie por sus ideas políticas, pero tampoco protege a nadie por su pertenencia política.
Y el desafío del PJ es igual de incómodo: decidir si su defensa será corporativa o si será capaz de exigir transparencia incluso cuando las sospechas alcancen a dirigentes de su propio espacio.
Porque el peronismo puede sobrevivir a una derrota electoral.
Puede sobrevivir a una interna.
Puede incluso sobrevivir a la pérdida del poder.
Lo que resulta mucho más difícil de reconstruir es la credibilidad.
Y en el caso Molino Fénix, esa credibilidad quedó sentada en el banquillo junto con la causa.
Ahora comienza otra etapa: la de los recursos, las pericias, la ruta del dinero y las pruebas que deberán confirmar —o derribar— cada una de las hipótesis.
Hasta entonces, una cosa queda clara:
el Molino Fénix dejó de ser solamente un edificio, una institución cultural o un expediente judicial. Se convirtió en el escenario donde San Luis está discutiendo qué hizo con su pasado, cómo administra su presente y qué clase de política quiere para su futuro.
Anabela Lucero permanece con prisión preventiva por 60 días, pero su abogado Esteban Bustos apeló la decisión y cuestionó desde la asociación ilícita hasta la forma en que se incorporaron pruebas. En paralelo, el PJ albertista denunció una persecución política y Claudio Poggi respondió hablando de un supuesto “vaciamiento del Estado”. La causa ya dejó de ser solamente judicial: se convirtió en una disputa por el poder, el pasado y el futuro del peronismo puntano.
2026-08-27 23:10:07
San Luis Agua interviene cinco kilómetros del cauce con tareas de limpieza, desembanque y perfilado de márgenes para mejorar el escurrimiento y reducir el riesgo de desbordes e inundaciones.
2026-08-27 15:08:22
El piloto argentino tiene garantizada su continuidad en la máxima categoría para la próxima temporada. Su crecimiento deportivo, el respaldo del equipo y el impacto comercial fueron determinantes para que Alpine apostara por su futuro.
2026-08-27 14:28:47
© Tiempo de Poder . All Rights Reserved – Desarrollo QueStreaming.com
