El debate oral volvió a desarrollarse este lunes en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29. La defensa había pedido apartar a los jueces y al fiscal, pero la Cámara de Casación rechazó el planteo y habilitó la continuidad del proceso.
El juicio oral contra Cristian “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido en 2018 en Villa Lugano, se reanudó este lunes en la Ciudad de Buenos Aires después de varias suspensiones que habían vuelto a demorar el avance del debate.
La última interrupción se produjo luego de que la defensa del músico solicitara la recusación de los tres jueces que integran el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 y del fiscal Sandro Abraldes.
El planteo llegó a la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, que rechazó el recurso presentado por los abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro. De esta manera, los magistrados Gustavo Goerner, Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro continuarán al frente del debate.
La defensa había cuestionado distintas decisiones adoptadas durante las audiencias y sostuvo que determinadas situaciones podían generar dudas sobre la imparcialidad del tribunal.
Sin embargo, el juez de Casación Gustavo Bruzzone consideró que los argumentos presentados no demostraban la existencia de una circunstancia concreta que permitiera inferir un temor objetivo sobre la imparcialidad de los magistrados.
Según la resolución, los cuestionamientos de los abogados se relacionaban principalmente con decisiones tomadas por los jueces dentro de las facultades que tienen para conducir el debate.
Con el rechazo de la recusación, quedó habilitada la continuidad del juicio.
Durante la audiencia de este lunes declararon profesionales que participaron de la investigación y de las pericias realizadas sobre la víctima y sobre el acusado.
Entre ellos estuvieron Angélica Cristina Bustos, médica forense que realizó la autopsia de Cristian Díaz; Mariela Biazoni Rolla, médica legista; y Celminia Guzmán, integrante del Cuerpo Médico Forense.
Bustos ratificó que Díaz murió como consecuencia de cuatro disparos. Las otras especialistas se refirieron a las condiciones en las que encontraron y evaluaron a Álvarez durante 2018.
Cristian “Pity” Álvarez está acusado por el homicidio agravado por el uso de un arma de fuego de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido durante la madrugada del 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré, de Villa Lugano.
Según la acusación fiscal, ambos hombres comenzaron una discusión que posteriormente derivó en una pelea. En ese contexto, Álvarez habría extraído un arma y disparado contra Díaz.
La víctima recibió varios impactos de bala y murió como consecuencia de las heridas. Luego del episodio, Álvarez abandonó el lugar y fue detenido horas más tarde, tras presentarse ante la Policía.
El proceso judicial lleva años de recorrido y su desarrollo estuvo atravesado por distintas circunstancias.
Entre los últimos episodios se encuentra una descompensación que sufrió Álvarez durante una audiencia y que derivó en su traslado a un hospital. Posteriormente, la defensa volvió a cuestionar la posibilidad de que el músico pudiera afrontar el debate en determinadas condiciones.
La cuestión de su capacidad para participar del juicio ya había sido analizada previamente. El Tribunal Oral N°29 había rechazado el pedido de un nuevo estudio y sostuvo que los informes existentes indicaban que el acusado contaba con capacidad cognitiva suficiente para afrontar el proceso.
Más tarde, la recusación presentada contra los jueces y el fiscal volvió a suspender temporalmente el debate.
Ahora, con ese planteo rechazado, el juicio vuelve a avanzar.
La continuidad del debate permitirá que se incorporen nuevos testimonios y elementos de prueba antes de llegar a las etapas finales del proceso.
Por el momento, Álvarez continúa siendo un acusado y deberá aguardarse el desarrollo completo del juicio para conocer la decisión del tribunal.
El caso generó una enorme repercusión pública desde 2018, tanto por la notoriedad del músico como por las circunstancias del crimen y las sucesivas instancias judiciales que atravesó la causa.
Después de años de demoras, planteos y suspensiones, el proceso vuelve a estar en marcha.
Ahora será la Justicia la que deberá determinar, a partir de las pruebas incorporadas durante el debate, la responsabilidad penal que corresponda.
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