En una nueva editorial, el especialista e ingeniero Arnoldo Domingo Pucci, director del CEPEF, cuestiona el comportamiento de numerosos gobernadores que denuncian el ajuste del Gobierno nacional en sus provincias, pero luego acompañan en el Congreso las iniciativas impulsadas por la Casa Rosada.
En una nueva editorial, el especialista e ingeniero Arnoldo Domingo Pucci, director del CEPEF, cuestiona el comportamiento de numerosos gobernadores que denuncian el ajuste del Gobierno nacional en sus provincias, pero luego acompañan en el Congreso las iniciativas impulsadas por la Casa Rosada.
Director del CEPEF
Hay una escena que se repite como un ritual desde hace más de dos años: un gobernador sube a un escenario provincial y despliega la épica del reclamo federal —que la Nación no manda los fondos, que el ajuste castiga a los que menos tienen— con aplausos, fotos y titulares locales garantizados.
Después vuela a Buenos Aires, entra al despacho presidencial o manda a sus legisladores al recinto, y vota exactamente lo que le piden. Sin cambiar una coma.
Ese doble estándar tiene un nombre clínico que le queda pintado: síndrome de Estocolmo. La lealtad reflexiva hacia quien te tiene sometido, la incapacidad de romper el vínculo aunque duela.
No hay secuestradores literales, pero sí gobernadores que llegaron al poder con banderas de raíz nacional y popular y hoy administran provincias desangradas por el ajuste a la coparticipación, comportándose como si dependieran afectivamente de la aprobación de la Casa Rosada.
El mecanismo es siempre el mismo.
Primero viene la queja pública, medida en decibeles según la audiencia: que la Nación cumpla con lo que debe, que el centralismo porteño no mira al interior productivo.
Después llega el segundo acto, el que nunca sale en los discursos de plaza: la foto con el ministro del Interior, el acuerdo de anticipos de coparticipación, la promesa de obra pública que tarda o no llega nunca.
Y a cambio, el compromiso silencioso: dar quórum, no hacer olas, blindar a un funcionario cuestionado y sostener el ajuste que ellos mismos denuncian en sus provincias.
El resultado es un festival de cinismo bilateral.
La Casa Rosada obtiene la gobernabilidad que no consiguió en las urnas.
Los gobernadores obtienen apenas migajas: un anticipo con tasa de interés, una reunión de veinte minutos, una promesa de zona fría o cálida que se estira mientras las provincias siguen recortando gastos y ajustando sueldos estatales.
Basta repasar la última vigilia del 9 de Julio para entender el nivel de sometimiento: una docena de gobernadores, muchos surgidos de estructuras peronistas, se pararon detrás del Presidente para escucharlo agradecerles la lealtad legislativa y pedirles que renueven los votos del Pacto de Mayo.
Ni una pregunta incómoda.
Ni una exigencia pública frente a cámaras.
Mientras tanto, esas mismas provincias exhiben caídas de dos dígitos en las transferencias nacionales y reclamos salariales en las calles.
La contradicción se guarda para el atril provincial, ese que sirve para la tribuna propia pero nunca para torcer una sola votación en el Congreso.
Se los llama "gobernadores dialoguistas", un eufemismo elegante para describir lo que en rigor es una relación de dependencia.
El diálogo presupone capacidad real de decir que no.
Acá hay gobernadores que amenazan con votar en contra y terminan bajando el pulgar en el último minuto, negociando por separado su cuota de sumisión a cambio de un giro de fondos.
Es la política entendida como gestión de la supervivencia fiscal antes que como representación de un proyecto.
La diferencia entre lo que se promete en campaña y lo que se ejecuta en el recinto es la medida exacta de esta rendición.
El costo de este libreto lo pagan las provincias, no los gobernadores.
Ellos cobran gobernabilidad, alguna partida de urgencia y la foto con el poder de turno, útil de cara a la propia reelección.
Las provincias cargan con el ajuste que sus mandatarios denuncian los sábados y habilitan los martes con el voto de sus legisladores.
El síndrome de Estocolmo, en su versión clínica, describe a una víctima que termina defendiendo a su captor.
La versión política argentina es más deprimente todavía, porque acá los gobernadores ni siquiera necesitan ser convencidos de que su sometimiento es amor.
Lo saben, lo calculan y lo administran, elección tras elección, como si el costo de discrepar en serio fuera mayor que el de seguir gateando por promesas que, la mayoría de las veces, tampoco se cumplen.
Esp. Ing. Arnoldo Domingo Pucci
Director del CEPEF (Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales para el Federalismo)
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