Marcha Universitaria: fuerte reclamo a la Corte Suprema para que frene el incumplimiento de la Ley de Financiamiento

Rectores, docentes y estudiantes encabezaron una multitudinaria movilización en todo el país y exigieron que el máximo tribunal garantice el financiamiento universitario. Denuncian pérdida salarial, ajuste y desfinanciamiento de la educación pública.

La cuarta Marcha Federal Universitaria volvió a reunir este martes a miles de estudiantes, docentes, no docentes, investigadores y rectores en distintos puntos de la Argentina, en una de las movilizaciones más masivas contra el ajuste del Gobierno nacional sobre las universidades públicas.

El eje central del reclamo estuvo puesto en el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y respaldada judicialmente, pero que —según denunciaron las autoridades universitarias— continúa sin aplicarse plenamente. Durante el acto principal, realizado frente a Casa Rosada, los organizadores pidieron a la Corte Suprema que “acompañe” el reclamo y que no permita que el Gobierno “siga incumpliendo la ley”.

Reclamo por salarios, presupuesto y crisis en las universidades

El documento leído en la movilización sostuvo que las universidades atraviesan una situación crítica debido a la caída del poder adquisitivo de salarios docentes y no docentes, el deterioro presupuestario y la falta de actualización de partidas para funcionamiento.

Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) advirtieron que el sistema universitario enfrenta un escenario de “riesgo institucional”, mientras que distintos gremios señalaron que muchas casas de estudio ya tienen dificultades para sostener actividades académicas, investigación y extensión universitaria.

Según datos expuestos durante la protesta, las transferencias destinadas a universidades nacionales sufrieron una fuerte pérdida real desde 2023, afectando el funcionamiento cotidiano de las instituciones públicas.

Una movilización federal con respaldo social y político

La protesta tuvo epicentro en Plaza de Mayo, pero se replicó en distintas provincias del país con marchas, clases públicas y actos universitarios. Participaron federaciones estudiantiles, sindicatos docentes, organizaciones científicas y sectores sociales y sindicales.

También hubo acompañamiento de dirigentes políticos opositores, referentes culturales y organizaciones gremiales que defendieron el rol estratégico de la universidad pública como motor de movilidad social, desarrollo científico y crecimiento económico.

Durante el acto central, el presidente del CIN, Franco Bartolacci, reclamó que el Gobierno “cumpla con la ley” y advirtió sobre el riesgo institucional que implica desconocer normas aprobadas democráticamente.

El Gobierno rechazó las acusaciones

Desde el oficialismo, en tanto, calificaron la marcha como una movilización “opositora” y aseguraron que las transferencias presupuestarias a las universidades fueron realizadas conforme a las obligaciones del Estado.

Sin embargo, los organizadores de la protesta insistieron en que el problema no es solamente administrativo, sino estructural, y remarcaron que el ajuste impacta directamente sobre el acceso a la educación pública, la ciencia y el desarrollo tecnológico del país.

Universidad pública: un conflicto que sigue creciendo

La Marcha Federal Universitaria volvió a instalar el debate sobre el financiamiento educativo en el centro de la escena política argentina. Con una convocatoria multitudinaria y fuerte respaldo social, las universidades redoblaron la presión sobre el Gobierno y la Justicia para garantizar recursos y evitar una profundización de la crisis del sistema público de educación superior.