El reparto de fondos provinciales muestra prioridades que generan debate: mientras la Secretaría de Comunicación concentra más de $11.900 millones, el área de Discapacidad recibe menos de $2.000 millones y Ética Pública apenas supera esa cifra. La comparación abre preguntas sobre el modelo de gestión y las verdaderas urgencias sociales.
El reparto de fondos provinciales muestra prioridades que generan debate: mientras la Secretaría de Comunicación concentra más de $11.900 millones, el área de Discapacidad recibe menos de $2.000 millones y Ética Pública apenas supera esa cifra. La comparación abre preguntas sobre el modelo de gestión y las verdaderas urgencias sociales.
El proyecto de presupuesto provincial 2026 revela una fuerte asimetría en la asignación de recursos.
Secretaría de Comunicación (Jurisdicción 10): $11.918.501.491.
Secretaría de Ética Pública y Control de Gestión (Jurisdicción 12): $1.988.816.370.
Secretaría de Personas con Discapacidad (Jurisdicción 16): $1.814.871.479.
La diferencia es abismal: Comunicación se lleva casi seis veces más que Ética Pública y Control de Gestión, y siete veces más que Discapacidad.
El área que dirige la Secretaría de Comunicación se queda con la porción más grande. Entre sus programas, destacan:
Canal 13 San Luis+ con $5.057 millones, destinado a sostener la señal pública, modernizar equipos y expandir plataformas digitales.
Servicios Publicitarios ($2.430 millones) y Gestión de Políticas Públicas ($2.752 millones), que concentran recursos en campañas, pauta oficial y difusión gubernamental.
El mensaje es claro: el gobierno provincial apuesta fuerte a controlar y centralizar la narrativa pública.
La Secretaría de Ética y Control de Gestión proyecta exámenes toxicológicos obligatorios para funcionarios, auditorías de entes y control del parque automotor. Sus principales erogaciones se dividen entre:
Exámenes toxicológicos ($173 millones).
Auditoría y control de gestión ($71 millones).
Dirección de Parque Automotor ($1.093 millones).
La paradoja es evidente: el grueso del presupuesto va a logística vehicular, no a mecanismos de transparencia o lucha contra la corrupción.
La Secretaría de Personas con Discapacidad debe distribuir $1.814 millones entre varios frentes sensibles:
Personas con Capacidades Diferentes ($643 millones) para inclusión laboral, banco de órtesis y prótesis, talleres y subsidios.
Centros de Actividades Hípicas en San Luis y Villa Mercedes ($158 millones en total).
En un área que se define por “eliminar barreras sociales, culturales y arquitectónicas”, los números parecen ajustados. Apenas se contemplan 200 subsidios anuales y 250 beneficiarios de talleres, metas que lucen modestas frente a las necesidades reales.
El contraste plantea un debate inevitable: ¿responde la distribución a las verdaderas urgencias de la sociedad?
El gobierno decide invertir más en comunicación institucional que en inclusión social.
El parque automotor estatal recibe casi lo mismo que toda la Secretaría de Discapacidad.
La transparencia y la ética pública siguen relegadas a un presupuesto acotado.
La lectura política es que San Luis busca blindar la imagen oficial y mantener el control del discurso, mientras las políticas de inclusión y los controles institucionales quedan en un segundo plano.
La foto del Presupuesto 2026 desnuda una estrategia de gestión más orientada a la comunicación y la visibilidad del gobierno que al fortalecimiento de áreas sensibles como discapacidad o transparencia. El debate que se abre no es técnico: es político y ético. ¿Qué modelo de provincia se proyecta cuando comunicar vale siete veces más que incluir?
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